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Desafío regional frente a la crisis económica venezolana

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La crisis económica venezolana se ha convertido en un problema regional. Desde el 2013 las relaciones comerciales entre Venezuela y los países de la región han venido deteriorándose hasta llegar a un punto de práctica inexistencia. Desde el 2017, con condiciones económicas y sociales críticas en el país, los venezolanos han comenzado a buscar masivamente oportunidades en otros países, especialmente en América del Sur. Durante el 2018 y 2019 vimos que la emigración alcanzó niveles inconcebibles, llegando a casi 5 millones de venezolanos migrantes.

Esto ha generado fuertes presiones sobre los países receptores, y, en muchos casos, que las políticas de acogida y apertura hacia migrantes cambiaran, ahora necesitando los venezolanos visas para ingresar a múltiples países de la región. Como decía recientemente el Representante Especial para Venezuela de la Organización Internacional para Migraciones (OIM) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), Eduardo Stein: “América Latina no volverá a ser la misma” (El País, 19/11/2019).

Han sido años complejos, donde el impacto de la crisis económica venezolana se ha sentido en los países vecinos, convirtiéndose así en un problema regional. La pregunta es: ¿Qué nos espera para este 2020?

La economía venezolana se ha dolarizado: de acuerdo a un estudio de Ecoanalítica, más del 50 por ciento de las transacciones ocurren en monedas ajenas al bolívar y algunos nichos han encontrado reabastecimiento y hasta crecimiento. Sin embargo, esto no es una recuperación, sino todo lo contrario: habla de una economía paralela a la que la gran mayoría de la población no puede acceder, traduciéndose así en una nueva escalada de desigualdad, donde la mayoría de los venezolanos no puede acceder a la canasta básica alimenticia ni a servicios de salud decentes. Esto quiere decir que la gente seguirá emigrando, con la OIM y ACNUR anticipando que la cantidad de migrantes podría llegar a 6.4 millones para finales de 2020.

Los países vecinos tendrán que pensar bien en cómo manejar esta situación. Para el cierre de 2019, Colombia había recibido más de 1.5 millones de migrantes y Perú se acercaba a 1 millón. Si bien a mediano y largo plazo la única solución real a la problemática es un cambio en el modelo económico de Venezuela, en el corto plazo los países vecinos tienen que crear herramientas y acciones que permitan asimilar de mejor manera la migración y canalizarla como motor de crecimiento para sus economías.

Inserción laboral de inmigrantes: caso peruano

Si observamos el caso de Perú, los estudios más recientes (BBVA Research, 2019; Banco Mundial, 2019) indican que la migración ha generado y seguirá generando un impacto económico positivo. Sin embargo, ambos estudios coinciden en que dicho impacto positivo podría ser aún más significativo si se diseñas en políticas públicas que faciliten el ingreso al mercado formal.

Como un ejemplo, los migrantes en Perú deben pagar un impuesto de 30 por ciento sobre la renta durante el primer año de estadía en el país, y las empresas solo pueden contratar hasta un 20 por ciento de personal extranjero. Si sumamos a esto desafíos como el reconocimiento de las calidades migratorias, la certificación de títulos y el acceso a los colegios profesionales, se pone en claro riesgo la utilización del capital humano migrante calificado. Si la población migrante estuviese formalizada al mismo nivel que la peruana, podría generar ingresos fiscales de hasta 200 por ciento más que lo que genera actualmente.

En vista que la mayoría de los migrantes venezolanos ya contarán con más de un año de residencia en Perú, y ya no tendrían que pagar el 30 por ciento de impuesto, sino el impuesto escalonado tradicional, quizás se podría presentar una clara oportunidad para facilitar el acceso de profesionales a los sectores económicos, e incluso regiones, donde más sean requeridos. Iniciativas que puedan estimular el acceso al empleo decente pueden no solo estimular la economía y cerrar brechas profesionales, sino que podrían incluso reducir tensiones sociales en los empleos de más fácil acceso en el sector informal.

La realidad es que mientras siga la crisis económica, social y humanitaria en Venezuela, los venezolanos seguirán buscando oportunidades en los países vecinos. Y si se quieren minimizar las tensiones sociales que esto puede generar, los países receptores tienen que trabajar en generar políticas públicas que ayuden a su inserción laboral y acceso a servicios, y acompañar esto con una narrativa que defienda la integración y solidaridad regional.

Autor:

Gustav Brauckmeyer

Gustav Brauckmeyer

Director Ejecutivo de Equilibrium CenDE