Cuando converso con actores de Gobierno a cualquier nivel, especialmente aquellos en Gobiernos locales o entidades técnicas, suelen comentar que desde sus espacios todos los proyectos y políticas que ejecutan son abiertos a todo público sin discriminar por género, nacionalidad, edad, nivel socioeconómico u otra variable. Sin embargo, por más que no exista una intención de discriminar, muchas veces los programas no son accesibles para diversos grupos vulnerables por diversas razones que pueden pasar desapercibidas, principalmente por simple desinformación.

Es por esto que es necesario pensar en cómo hacer las políticas y programas públicos, e incluso programas y servicios a nivel de sector privado y sociedad civil, más inclusivos para poblaciones que suelen quedar excluidas por sus características, desafíos específicos que enfrentan, acceso a información, entre otras razones. Para hacer este ejercicio más palpable, vamos a analizar tres tipos de exclusión que no se suelen percibir y ver cómo se traducen a nivel de grupos sociales específicos.

El primer caso a observar es la exclusión de mujeres por el simple hecho de no considerar la carga familiar que socialmente se atribuye a las madres. Es evidente que las madres tienen una “doble carga laboral”, la correspondiente a su trabajo remunerado y la correspondiente a su trabajo no remunerado. En este sentido, muchas madres que buscan acceder a cierto tipo de oportunidades, sean laborales, beneficios sociales, capacitaciones, entre otros, no tienen la oportunidad de hacerlo por las limitaciones de tiempo y responsabilidades que implica el cuidado de sus hijos. Este tipo de exclusión no es necesariamente intencional y se presenta tanto en el sector privado (oportunidades laborales, acceso a financiamiento, educación, etc.), como en el sector público y de sociedad civil (acceso a programas sociales o de capacitación, por ejemplo). Sin embargo, esta exclusión es producto de las normas sociales y prejuicios que son atribuidos por género y retroalimentados por las diferencias socioeconómicas entre los actores del hogar.

“Si las mujeres tienen que dedicar 40 horas semanales a las tareas domésticas, tendrán pocas posibilidades de explorar oportunidades alternativas, por lo que abordar su doble carga tiene que ser una parte clave de las políticas para mejorar sus oportunidades económicas” (Policy in Focus, Abril 2018).

El segundo caso a analizar es el de la exclusión de población migrante por no considerar los desafíos y barreras específicas que enfrenta esta población, entre ellas los documentos de identidad con los que cuentan o no cuentan. Es así como ciertos programas de Estado, por ejemplo, solo permiten participar a migrantes con ciertos documentos de identidad o limitan la participación y acceso a quienes no se encuentran de manera regular en el país. Lo mismo sucede en programas de la sociedad civil, donde buscando ofrecer un apoyo a poblaciones vulnerables se exige la presentación de algún documento de identidad específico. En el caso del sector privado (y en relación también con la política pública) se observan escenarios especialmente complejos, donde ciertos migrantes no pueden abrir cuentas de banco, acceder a oportunidades de financiamiento y generar historial crediticio por no contar con algún documento específico. Asimismo, se observan fuertes barreras en cuanto a la contratación y acceso al empleo para algunos migrantes, cuando los trámites para recibir un contrato son excesivos o requieren de alguna documentación con la que difícilmente cuentan. Este tipo de exclusión dificulta los procesos de inserción e integración socioeconómica, y puede contribuir a la generación de tensiones con la población local.

El tercer caso evalúa lo que sucede con algunas poblaciones vulnerables, las cuales no son consideradas en estrategias comunicacionales y pierden acceso a proyectos, programas y oportunidades por desinformación. Una de las determinantes más elementales para el acceso a un programa, proyecto, política o beneficio es el simple hecho de saber que existe. No es secreto que mientras las poblaciones con más recursos y en zonas urbanas cuentan con una amplia variedad de canales de información (televisión, prensa, smartphones, redes sociales, etc.), la información más vulnerable en zonas rurales, por ejemplo, no cuentan con tantos medios de acceso a información. En este sentido, al no existir con una estrategia comunicacional específica para ciertos grupos poblacionales, se les está excluyendo de la oportunidad de acceso a diversas oportunidades.

“De acuerdo con los datos de la  ITU  (2017),  en  América  Latina,  hay  aproximadamente 215 millones de personas de 15 años o  más  desconectadas  de  Internet.  Los  desafíos  a  la  conectividad  son  múltiples,  entre  ellos  los  déficits en la infraestructura de telecomunicaciones, la baja densidad de población, la falta de capital humano, la pobreza y un entorno regulatorio inadecuado” (Galperín, 2017).

Es así como el no tener con enfoques específicos en ciertos grupos poblacionales vulnerables en el diseño e implementación de políticas, proyectos o programas contribuye justamente a una mayor exclusión, creando así un círculo vicioso.

Para evitar estos tipos de exclusión es fundamental contar con políticas, programas y proyectos que tengan un enfoque de inclusión en las diversas poblaciones vulnerables que suelen ser excluidas. Todo esto pasa por comprender, estudiar e informarse sobre sus contextos, características y desafíos. Algunas de las cosas que podemos tomar en cuenta para esto son:

1. Definir claramente el público objetivo de la intervención. Esto se debe hacer desde el momento de concepción del proyecto, programa o política.
2. Analizar las características de cada uno de los grupos objetivos mediante estudios de línea base o mercado.
3. Comprender las necesidades específicas de este público por medio de herramientas de levantamiento de información e interacción con las poblaciones objetivo.
4. Identificar los desafíos específicos que enfrentan, tanto en su vida cotidiana, como en relación a la intervención especifica.
5. Analizar la estructura de la intervención o política a implementar para identificar potenciales factores de exclusión.
6. Definir una estrategia comunicacional específica para cada grupo objetivo, que asegure que la información pertinente esté llegando a ellos.
7. Consultar con miembros de la población objetivo para incluir su percepción en el diseño e implementación de las políticas, proyectos o programas a ejecutar.
8. Evaluar constantemente la política, proyecto o programa para estimar si se están presentando factores de exclusión. Utilizar estos aprendizajes para repensar el diseño y mecanismos de implementación.
9. Medir el impacto de las intervenciones en cada una de las poblaciones específicas identificadas.

Es necesario ser proactivo en la incorporación de grupos excluidos en todas las actividades del Estado, sociedad civil y sector privado. Esto parte de contar con información previamente al diseño, durante el mismo, en la implementación y en la evaluación. El status quo excluye por desinformación, contrarrestemos esto con acción.