Día Internacional del Refugiado: importantes datos que se deben tener en cuenta sobre esta fecha

Lima, 2023: En el marco del Día Internacional del Refugiado, que se conmemora cada 20 de junio, queremos hacer un llamado a la protección de los derechos humanos de las personas refugiadas en todo el mundo y a la reflexión recordando la difícil situación que enfrentan millones de personas que se ven obligadas a abandonar sus hogares debido a conflictos armados, persecución, violencia y violaciones graves de los derechos humanos en sus países de origen.

En Perú, como en muchos otros países, hemos sido testigos de la llegada de un significativo número de personas que buscan protección y refugio, en su mayoría venezolanas y venezolanos. El país ha demostrado una notable solidaridad al acoger a miles de refugiados y solicitantes de asilo, brindándoles protección, asistencia y oportunidades para reconstruir sus vidas.

Sin embargo, también es importante reconocer los desafíos y obstáculos que enfrentan las personas refugiadas en su proceso de integración. Muchos de ellos se encuentran en situación de vulnerabilidad y requieren apoyo en áreas como vivienda, empleo, educación y acceso a servicios básicos. Es fundamental que la comunidad internacional, los gobiernos y la sociedad en su conjunto unan esfuerzos para garantizar su bienestar y pleno ejercicio de sus derechos.

A propósito de ello, compartimos la siguiente información de interés para la opinión pública:

¿Cuántos refugiados hay en Lima?

En los últimos años, más de 7 millones de personas han salido de Venezuela. El Perú representa el segundo país con mayor número de migrantes y refugiados venezolanos — 1,51 millones para diciembre del 2022 (R4V, 2022)— y el primero en solicitantes de refugio de nacionales venezolanos en el mundo (537 mil solicitudes de refugio a junio del 2022).

En ámbitos más locales, Lima es la primera ciudad del mundo fuera de Venezuela con mayor cantidad de personas desplazadas (ACNUR, 2022). Según cifras recogidas en la última encuesta nacional dirigida a población venezolana que reside en el país (ENPOVE,2022), la población refugiada y migrante de Venezuela en Perú se encuentra concentrada en Lima y Callao, comparada con las otras ciudades de estudio, representando el 82,5% del total de las ciudades de estudio.

¿Cuál es la diferencia entre ser un refugiado y un inmigrante regular?

La diferencia clave radica en la razón detrás de su desplazamiento. Los refugiados abandonan su país debido a un temor fundado de persecución, mientras que los inmigrantes se mudan a otro país por razones diferentes, como trabajo, estudio o reunificación familiar, siguiendo los procedimientos legales establecidos por el país de destino.

¿En qué situación laboral se encuentran los refugiados en Lima?

Según una encuesta realizada por Equilibrium CenDE (2020)[1], un 28% de las y los venezolanos en Perú cuenta con estudios universitarios completos y este número asciende a 47% cuando se considera también la formación técnica.

Respecto a la inclusión laboral, de las personas encuestadas por Equilibrium CenDE, 55% se encuentra en situación de empleado y 43% como trabajador independiente. El trabajo independiente ha supuesto una alternativa, especialmente en época de pandemia, a las condiciones precarias del empleo, en su mayoría informal (83%). La inmensa mayoría no ha logrado la convalidación de sus títulos profesionales o técnicos y se encuentran en situación de subempleo.

¿Cuáles son las principales barreras que enfrentan?

La población venezolana (refugiada o solicitante de refugio) enfrenta adversidades de diferente índole desde la salida de su país y traslado, hasta la inserción y asentamiento en el país de recepción. Una vez que se llega al país de destino el siguiente desafío es lograr insertarse regular, social y económicamente en el país de acogida. En diversos estudios realizados por el grupo Equilibrium se ha identificado como principales desafíos los siguientes: (1) regularización migratoria para poder ingresar y residir regularmente, (2) inclusión laboral, (3) inserción educativa: convalidación y acceso a la oferta educativa, (4) violencia de género y riesgo de trata y explotación sexual, (5) xenofobia y discriminación por parte de la población local, y (6) el impacto en su salud física y mental, entre otros[2].

Refugiados y contribución al desarrollo de un país y/o sociedad

El impacto económico de la migración es muy importante. Equilibrium SDC[3], señala que el impacto neto de la migración venezolana al PIB peruano en el año 2020 fue superior a los 138 millones de soles. Este ingreso es especialmente valioso en un año de contracción económica y para ponerlo en perspectiva, este monto permitiría cubrir el costo de más de 1500 viviendas de interés social o de más de 70 colegios públicos.

Es importante destacar que el impacto actual de la migración venezolana no logra representar ni el 50% del impacto que generaría en un escenario donde existe una participación similar de la población peruana y venezolana en la economía. Asimismo, la mayor brecha se presenta en la recaudación fiscal por concepto de Impuesto a la Renta (89,2%), lo cual evidencia que la economía peruana no se halla aprovechando al 100% los beneficios que podría traerle la migración – en realidad, se hallaría aprovechando solo el 11,8% de su potencial beneficio en cuanto a recaudación de impuestos por renta.

Por otro lado, la presencia de población refugiada y solicitante de refugio de origen venezolano también ha sido un gran aporte de capital humano[4], altamente productivo. Sin embargo, aún no se ha logrado incorporar este capital humano para cerrar brechas profesionales en el país y contribuir directamente a los procesos de desarrollo. Vale destacar, que la formación de este capital humano le hubiese costado al Perú alrededor de USD 3,000 millones. De acuerdo a nuestras estimaciones, el impacto económico de la migración podría aumentar a un ingreso potencial fiscal de 658 millones de soles y un impacto positivo de 296 millones de soles al año, si se implementaran medidas para eliminar ciertas barreras legales, económicas, culturales y administrativas. Estas consisten en restricciones de contratación de extranjeros, restricciones para migrantes calificados como el reconocimiento de grados y títulos y restricciones según documento migratorio, entre otros.

El sector privado cumple un rol esencial en facilitar la integración de la población migrante a través de incentivos y acciones reales como la promoción de programas de inserción laboral y la certificación de competencias laborales en determinadas profesiones. Es por ello que resulta fundamental impulsar al sector privado en la construcción de estrategias de integración socioeconómica de la población migrante y refugiada[5].

Finalmente, los refugiados y solicitantes de refugio aportan una diversidad de experiencias, habilidades y perspectivas culturales al país que los acoge. Esto puede enriquecer la sociedad y promover la comprensión intercultural.