La falsa promesa del feminismo desde el régimen venezolano

La profunda crisis que enfrenta Venezuela y la ausencia de políticas públicas con enfoque de género agravan las vulnerabilidades de mujeres y niñas, especialmente de las más pobres.

El chavismo fue desde sus comienzos conocido como un proyecto impulsor de los derechos de las mujeres. Se comprometió de manera directa a sacarlas de la pobreza e incorporarlas a la reconstrucción del país a través de misiones sociales y planes nacionales. Sin embargo, 20 años más tarde, las condiciones de vida de las mujeres y niñas han empeorado fruto de la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela y la ausencia de políticas públicas para garantizar los derechos y el reconocimiento de las mujeres como agentes de cambio.

 La última Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI) 2019-2020 arroja algunas cifras interesantes para profundizar en el impacto diferenciado de la crisis económica, política y humanitaria venezolana sobre las mujeres y niñas. Bajo un contexto de deterioro general del sector educativo, se evidencia un mayor descenso de la cobertura educativa de las mujeres y niñas- la tasa de asistencia escolar de mujeres (18 a 24 años) pasó de 52% en 2016 a un 26% en 2019 frente a un descenso en hombres del 44% al 23%-. Los principales motivos de no asistir a un centro educativo son (1) el no tener la disposición y no considerarlo importante o (2) haber finalizado los estudios. En las mujeres y niñas se adiciona una tercera razón- un 16% abandona la escuela por motivos de embarazo o para asumir el cuidado de los hijos y las obligaciones en el hogar, mientras que este factor afecta solo a un 2% de hombres jóvenes-. La baja calidad educativa en Venezuela también afecta a las jóvenes y niñas: solo en el último año, el rezago escolar severo, es decir, un retraso de 2 años o más en el sistema educativo, se duplicó en los hombres y se triplicó en las mujeres.

Venezuela además es de los países en la región con mayor brecha de género en cuanto a la inserción laboral- 71% de hombres participan en alguna actividad económica vs. 43% de mujeres-. El nivel de actividad femenina en los hogares en condición de pobreza es casi la mitad que en los hogares más ricos (29% vs. 59%). Las mujeres además son las principales beneficiarias de las ayudas sociales  y de remesas- del total de hogares que recibieron remesas, un 66% tenía a una mujer como jefa del hogar-. Esta dependencia podría explicar, junto a los efectos de la emigración reciente masculina y la mayor tasa de abandono escolar, la feminización de las jefaturas del hogar- 60% de hogares en 2019-2020 tienen a una mujer como jefa frente a un 41% en 2018-. En una Venezuela cada vez más empobrecida y desigual, parece que las mujeres se constituyen en mayor proporción en los estratos más pobres: el porcentaje de mujeres jefas de hogar se eleva a un 73% en los hogares más pobres.

Ante este panorama, desde el gobierno de Nicolás Maduro se promueven programas con rostro feminista, como la Misión Hogares de la Patria desde el 2014 y el programa Soy Mujer desde el 2016. Estos programas sociales dirigidos a contener la pobreza y promocionar la independencia de las mujeres se han reducido a una transferencia monetaria mensual que, en la práctica, en vez de fomentar la autonomía y empoderamiento de las mujeres, exaltan su rol como madres y criadoras y refuerzan sus niveles de vulnerabilidades y dependencia, especialmente de las mujeres más pobres: “más que para la mujer, para la familia, para la mujer criadora que puede trabajar desde su casa…”. Dicho discurso reduccionista de relegar a las mujeres al espacio doméstico y resaltar la maternidad como su único proyecto de vida contribuye de manera significativa a que las mujeres se refugien en la inactividad.

Aunque la última ENCOVI no recoge datos específicos sobre la situación de salud, un fenómeno cada vez más explorado en Venezuela es la violación continuada a la salud y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y adolescentes. La escasez de métodos de planificación familiar, las continuas fallas en el servicio de agua, la falta de insumos y equipamiento médico adecuado, sumado a la ausencia de políticas públicas efectivas, inciden directamente en el deterioro de los indicadores de salud sexual y reproductiva. Desde el 2014 y coincidiendo con el deterioro de la crisis humanitaria, las tasas de mortalidad infantil y materna han ido en aumento- 25 de cada 1000 niños nacidos en Venezuela mueren antes de cumplir los 5 años-. La tasa de mortalidad materna se sitúa en 125 muertes por cada 100.000 nacidos vivos, de las tasas más alta de América Latina. Estos niveles no se veían desde 1997 y tiran por la borda 20 años de esfuerzos globales por mejorar las condiciones de vida de mujeres, adolescentes y niñas. Además, Venezuela es el tercer país con mayor tasa de fecundidad adolescente de América Latina- 95 nacimientos por cada 1000 adolescentes- y muy por encima del promedio regional (62).

¿Y cuál es la respuesta del gobierno de Maduro? De nuevo disfrazándose de feminista y promoviendo políticas públicas que lo que hacen es explotar las necesidades de las mujeres más vulnerables para legitimizarse en el poder. Desde el 2014 se ofrece el Plan Quirúrgico Nacional que promueve jornadas de esterilizaciones quirúrgicas a mujeres como la única alternativa frente a la escasez de métodos anticonceptivos, pero sin incluir vasectomías, lo que confirma que las decisiones en materia reproductiva son consideradas como una responsabilidad de las mujeres. Desde el 2017 el gobierno promueve el Plan Nacional de Parto Humanizado para atender a mujeres en procesos de gestación y distribuye, en el marco del plan, un bono de protección para mujeres embarazadas inferior a un salario mínimo. Estos mecanismos sin embargo están asociados al carné de la patria y no garantizan las condiciones mínimas para que las mujeres puedan desarrollar sus embarazos de manera digna. Por otro lado Venezuela cuenta con una de las legislaciones más restrictivas en materia de interrupción del embarazo de todo el continente, con un Código Penal que considera el aborto como un delito y penaliza a la mujer con hasta 2 años de prisión.

Ninguna crisis es neutral al género y Venezuela no es la excepción. No solo no se han reducido las brechas de género y las vulnerabilidades específicas de las mujeres y niñas, sino que estas se han visto agravadas en el contexto de la emergencia humanitaria compleja. Las necesidades específicas de las mujeres y niñas han pasado a un segundo plano, en parte dada la falta de representación de las mujeres en la toma de decisiones de alto nivel tanto dentro del chavismo como en la oposición. Durante la elaboración del Plan País por parte de la oposición, solo 3 de 20 diputados eran mujeres. Tampoco hubo representación de mujeres en las primeras rondas de diálogo en Oslo y Barbados, a pesar de que involucrar a las mujeres en los procesos de resolución de conflictos aumenta la probabilidad de que las negociaciones deriven en una solución duradera. Es por esto que fomentar la participación de mujeres, activistas y representantes de las organizaciones de la sociedad civil feministas en la esfera política, las cuales han demostrado una gran capacidad de organización ante la inacción del gobierno, se vuelve más necesario que nunca para la construcción de una Venezuela más democrática.