Los riesgos y las prácticas oportunistas del retorno a Venezuela

Hace aproximadamente dos semanas se confirmó el fallecimiento de tres personas venezolanas después de haber sido atropelladas en la carretera Panamericana Norte en la provincia de Barranca, en Perú. Se habían echado a un costado para dormir un par de horas y continuar al día siguiente su viaje migratorio de retorno a Venezuela. El retorno a pie hacia Venezuela es una situación trágica que, a pesar de ser un fenómeno esporádico y no masivo, se repite desde países tan lejanos como Perú y Ecuador hasta Colombia. Hasta el momento se han identificado hasta 10 grupos diferentes de caminantes de entre 20 y 60 personas con intención de retornar desde Perú y más de 14 000 personas que han cruzado la frontera desde Colombia hacia Venezuela desde el inicio de la emergencia sanitaria según datos de Migración Colombia. Estos tres países acogen a más del 60% de los más de 5 millones de migrantes y refugiados venezolanos que han abandonado su país en los últimos años.

Colombia, Ecuador y Perú tienen ciertas similitudes en cuanto a las condiciones de vida de la población migrante venezolana, entre las que destacan la irregularidad, la informalidad, las barreras para la certificación de estudios obtenidos en el extranjero, las dificultades para la escolarización de niños, niñas y adolescentes, y la falta de ahorros y de redes de apoyo. Es por estas condiciones de vida precarias que las medidas de aislamiento han tenido un impacto desproporcionado sobre las personas migrantes en comparación al resto de la población, como es el riesgo de desalojo, la pérdida de empleos, la falta de ingresos para asegurar el abastecimiento de alimentos y otros bienes de primera necesidad, y el aumento de estrés y otros síntomas de depresión.

¿Podemos hablar en este caso de retorno voluntario? En diversos instrumentos internacionales vinculantes se reconoce plenamente el derecho de migrantes que pueden o no desean permanecer en sus países de acogida a retornar a su país de origen voluntariamente. Este es un derecho poco explorado y un fenómeno sin precedentes que dificulta entender cuáles son las garantías que deben prestar los Estados de los países de acogida en estos momentos. Sin embargo, en el caso de las y los migrantes venezolanos, difícilmente podemos confirmar que estos retornos se hacen de manera voluntaria. La precariedad laboral y la vulneración de sus derechos más básicos como el acceso a la alimentación, servicios de salud y vivienda impulsan la salida del país de manera casi forzosa.

A esto se suman los riesgos a los que se exponen durante el tránsito. A pesar del cierre y el refuerzo de vigilancia militar en zonas fronterizas, numerosas organizaciones han advertido sobre las dificultades de controlar los movimientos en fronteras tan peligrosas y con una alta presencia de grupos ilegales de trata, y tráfico de personas y bienes ilegales. Hasta el momento se habría identificado un total de 37 pasos ilegales, conocidos como trochas, en la zona de frontera entre Ecuador y Colombia, y un total de 22 en la frontera de Perú con Ecuador, y la presencia de grupos ilegales que cobran generalmente entre $20 y $30 dólares para cruzar de Ecuador a Colombia. Esto les expone a una mayor situación de vulnerabilidad frente a redes de trata y tráfico, sanciones administrativas y penales por no cumplir con el aislamiento obligatorio y riesgos de contagio si no se toman las medidas sanitarias adecuadas. Además, aquellos que salen de manera irregular pueden perder su estatus migratorio y los solicitantes de la condición de refugiado perderían la posibilidad de obtenerla.

Frente a estas dinámicas de retorno hacia Venezuela, Colombia habilitó dos puentes humanitarios en Norte de Santander y Arauca para lograr el retorno de un máximo de 300 personas por día en coordinación con las alcaldías y gobernaciones y las autoridades migratorias venezolanas. En la frontera entre Ecuador y Colombia, la gobernación de Nariño habilitó un corredor humanitario controlado que facilitó el retorno de más de 200 migrantes venezolanos que llegaban desde Ecuador. Sin embargo, las Defensorías del Pueblo han detectado abusos de la fuerza pública y actitudes discriminatorias frente a los migrantes. Es el caso de la alcaldía de Pamplona en Norte de Santander tras emitir un decreto que prohíbe el ingreso y la permanencia de migrantes irregulares, y suspende temporalmente los albergues que ofrecen alimentación y ayuda humanitaria. La pregunta es si las alcaldías y gobernaciones están usando el retorno como una oportunidad para evadir sus responsabilidades, manipulando las necesidades de la población venezolana para presionar y promocionar el viaje de vuelta a Venezuela.

Por otro lado, el Gobierno de Nicolás Maduro está sacando provecho de estos casos de retorno aislados como una herramienta política para amplificar la magnitud del problema y animar el retorno con falsas promesas de que en Venezuela les espera algo mejor, cuando en el país 1 de cada 3 personas está en situación de inseguridad alimentaria, el 60% de la población ha tenido que reducir el tamaño de las porciones de comida, y 4 de cada 10 hogares sufren interrupciones constantes en los servicios de agua y luz. Sobre el impacto económico del COVID-19 en Venezuela, se espera un mayor deterioro económico que será proporcional a la reducción de los precios del petróleo ⎯se estima una contracción del PIB entre 14% y 28% puntos porcentuales⎯, un deterioro de los indicadores socioeconómicos y una disminución sustancial de las remesas, fuente de ingreso principal de muchos hogares venezolanos. A esto se añade un sistema de salud precario, lejos de estar preparado para enfrentar la crisis; de acuerdo con el último Índice Global de Seguridad Sanitaria de 2019, Venezuela ocupó el puesto 176 de 195 países evaluados.

La pandemia ha visibilizado las condiciones precarias en las que viven muchos migrantes venezolanos y la dificultad para acceder a las redes de protección social en los países de acogida. Esta situación de vulnerabilidad se agrava en un contexto de paralización de las actividades económicas, impulsando a cientos de personas venezolanas a regresar a su país en condiciones poco seguras para enfrentar esta situación en casa con el apoyo de familiares y amigos. Algunos gobiernos en los países de acogida y el propio Gobierno de Maduro han instrumentalizado estas dinámicas de retorno para desestabilizar la imagen de las y los migrantes. Sin embargo, se olvidan de que las migraciones son proyectos de vida y procesos no lineales. En un país sumergido en una emergencia humanitaria compleja, es probable que este fenómeno de retorno no sea permanente y que las miles de personas que están retornando vuelvan a intentar salir de Venezuela las veces que sean necesarias para mejorar su calidad de vida y la de sus familias.