Estatuto de Protección Temporal en Colombia: Una Respuesta Atrevida y Necesaria al Fenómeno Migratorio Venezolano

Desde que escaló el flujo de migrantes y refugiados venezolanos hacia países vecinos de la región, quienes venimos haciendo seguimiento a este tema y a las políticas públicas de los países receptores, hemos clamado por una respuesta transversal, de largo alcance y con visión a mediano y largo plazo. El Estatuto de Protección Temporal aprobado por el gobierno del Presidente Duque parece ser justamente esto. 

Quizás a simple vista no parezca un suceso tan importante; de hecho, Colombia viene implementando una variedad de canales para la regularización migratoria, especialmente mediante el Permiso Especial de Permanencia (PEP) en sus diferentes versiones. Sin embargo, de acuerdo a la plataforma de coordinación de ACNUR y OIM, solo alrededor del 45% de los más de 1.8 millones de migrantes y refugiados venezolanos se encuentran con un permiso de residencia y estancia regular en el país vecino. Es decir, si la nueva medida se implementa cómo se planifica y con un alcance significativo, podría significar la posibilidad de regular la situación migratoria de alrededor de un millón de personas. 

Ahora bien, ¿qué significa esto en la práctica?

La respuesta a esta pregunta puede abarcar un sinfín de repercusiones. En primer lugar, la garantía del derecho a la identidad y protección de una población que se ha visto privada de estos derechos en su país de origen. De esta manera, la política planteada por el gobierno colombiano es la acción pública más contundente en el reconocimiento de la compleja emergencia humanitaria que enfrenta Venezuela. Solo por ese acto, imagino que más de uno del régimen venezolano no estará feliz; parte de su apuesta parecía ser que los países vecinos hicieran la vida difícil a quienes salían del país. 

Otra área fundamental en la que esta medida puede tener un impacto evidente y significativo es la posibilidad de los migrantes y refugiados para acceder a empleos decentes en el ejercicio de sus profesiones o áreas de experticia. Para tener una idea de los desafíos que se enfrentan en este aspecto, de acuerdo a la última Encuesta Regional a Migrantes y Refugiados Venezolanos de Equilibrium CenDE, el 49% de los venezolanos que hacen vida en Colombia se encontraban desempleados y quienes trabajaban lo hacían en más de 85% en el sector informal. Una medida como el Estatuto de Protección podría tener un impacto directo en la posibilidad de encontrar trabajo y facilitaría el hacerlo de manera formal. 

Adicionalmente, la regularización de la situación migratoria podría tener un efecto directo en tres aspectos esenciales: (1) el acceso a servicios de salud, incluyendo la posibilidad de contar con un seguro médico (69% no tiene seguro); (2) la escolaridad de los niños niñas y adolescentes (31% no está actualmente matriculado en una institución educativa); y la posibilidad de contar con una vivienda digna (actualmente el 40% de los venezolanos en Colombia percibe estar enfrentando un riesgo alto de desalojo). Esto exhibe solo por encima las posibilidades que se pueden abrir una más eficiente integración socioeconómica en el país, la cual, por cierto, no solo beneficiaría a la población migrante, sino también aumentaría su impacto positivo y mitigaría potenciales conflictos sociales con la población local. 

Ahora bien, el impacto de esta medida no se quedará solo en Colombia. Las repercusiones de un proceso de regularización de gran escala de población migrante y refugiada en Colombia se traduciría también en efectos directos e indirectos en Venezuela. En primer lugar, una mejora en las oportunidades de generación de ingresos de quienes se encuentran en Colombia implica automáticamente un aumento en las remesas que se envían a sus familiares en Venezuela (68% envía remesas actualmente). Así mismo, y pensando quizás un poco más en el futuro, una mayor posibilidad de ejercer la profesión para quienes cuentan con una, un mayor acceso a la educación para los niños y niñas, y mayor garantías de protección de la salud de estas personas, implican un incremento protección del capital humano que tanto necesitará Venezuela para reconstruir el país.

Y no se acaba acá, esta acción del gobierno colombiano ha sido calificada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filipo Grandi, como el “gesto humanitario más importante que se ha hecho desde 1984”. Esta declaración no es poca cosa, puede tener una serie de repercusiones importantes a lo largo de América Latina. En un periodo donde los otros tres principales países receptores de migrantes y refugiados venezolanos (Perú, Chile y Ecuador) han militarizado sus fronteras para frenar el ingreso de estas personas que huyen de la crisis, Colombia ha tomado la medida más impactante, relevante e inclusiva que hemos visto desde el inicio del fenómeno; dando así un ejemplo potente y poniendo importante presión sobre sus países vecinos. 

Ojala este sea el inicio de un nuevo periodo de humanidad, pragmatismo y sensatez en la respuesta regional a la emergencia humanitaria que enfrenta Venezuela y el fenómeno de migrantes y refugiados que esta ha generado.