Ser migrante en tiempos de pandemia

La respuesta del Gobierno de Ecuador frente al COVID-19 debe atender las vulnerabilidades que enfrenta la población migrante venezolana.

Ecuador ha sido uno de los países de la región más impactados por la pandemia del COVID-19. En el país residen, según cifras oficiales, un total de 366 000 migrantes y refugiados provenientes de Venezuela, entre los que se han confirmado un total de 18 casos positivos. El dilema que afrontan miles de personas venezolanas está entre regresar a Venezuela, exponiendo su vida al cruzar por pasos ilegales a Colombia, o quedarse en Ecuador pese a la falta de trabajo y el hambre. A esto se suman los brotes de xenofobia en el país que se han intensificado en los últimos tres meses. Ante este contexto, el equipo de Equilibrium CenDE quiso reflejar la realidad de la población migrante venezolana en uno de los países más desbordados por la emergencia sanitaria a través de la Encuesta de Opinión Urbana a Migrantes Venezolanos en Ecuador.

Sobre el manejo de la crisis por el Gobierno ecuatoriano, la inmensa mayoría de la población migrante aprueba la decisión de declarar aislamiento social obligatorio (89%) pero una gran parte considera que las decisiones del Gobierno no los ha tomado en cuenta (64%).

La situación de cuarentena ha generado en la población migrante sentimientos principalmente de preocupación/nerviosismo (72%), ansiedad/estrés (45%) y miedo (34%), especialmente dado que una parte de la población encuestada se encuentra sin visa o en situación irregular (35%).

En cuanto a la situación laboral, es preocupante que un 35% de la población migrante se ha quedado sin trabajo por el contexto de la cuarentena. Además, un 43% no va a percibir ingresos durante el tiempo que dure la cuarentena a pesar de contar con empleo habitualmente por no poder trabajar desde casa. Del total de mujeres encuestadas, un 15% declara no tener trabajo habitualmente frente a un 1% del total de hombres encuestados. Esto resulta preocupante en un contexto en el que las mujeres venezolanas tienen un nivel de educación superior al de los hombres encuestados –38% de mujeres cuenta con un título universitario frente a un 25% de los hombres–. Además, la carga de las tareas del hogar recae principalmente sobre las mujeres: del total de mujeres encuestadas, un 71% declara que ocupa la mayor parte de su tiempo a tareas domésticas no remuneradas frente a un 44% de los hombres.

El principal desafío que enfrentan las familias migrantes venezolanas es el abastecimiento de sus hogares. Un 88% de la población migrante venezolana no dispone de recursos económicos suficientes para abastecer sus hogares de alimentos ni bienes básicos –un 39% de los encuestados manifiesta estar parcialmente abastecido frente a un 49% que declara no estar abastecido para los próximos días de cuarentena– antes de que el Gobierno ecuatoriano declarase la prolongación de la cuarentena hasta el 26 de abril.

La alta informalidad en la que se encuentra la población venezolana –un 89% no cuenta con empleo formalizado– limita las opciones para su regularización e impide que puedan beneficiarse de los programas de protección social que implementa el Gobierno ecuatoriano para atender a grupos prioritarios. Es cierto que el Gobierno ecuatoriano está tomando medidas para mitigar el impacto de la cuarentena sobre la economía de las personas a través de bonos de protección a trabajadores independientes que se encuentran en situación de pobreza o pobreza extrema. Sin embargo, la cédula ecuatoriana es condicionante para acceder a este programa de transferencias monetarias.

Ecuador ha sido uno de los primeros países en activar el Equipo Humanitario de País para crear una respuesta articulada entre las agencias de cooperación internacional y organizaciones de la sociedad civil y uno de los países priorizados en la entrega de ayudas de la cooperación internacional. En este sentido el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias (SNGRE) diseñó un protocolo para la atención de personas en situación de movilidad humana en condiciones de vulnerabilidad. En este sentido el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana autorizó a las ONGs extranjeras a implementar programas y proyectos en Ecuador a pesar de no contar con el convenio que formaliza el inicio de sus actividades en el país para agilizar la implementación de las ayudas. Hasta ahora se han gestionado 13 programas de transferencias monetarias.

A pesar de los avances, es necesario aumentar la capacidad de respuesta del Gobierno ecuatoriano para incluir a todos los grupos vulnerables, incluyendo los grupos de migrantes. Los grupos de migrantes en situación irregular y algunos grupos de mujeres presentan un mayor grado de vulnerabilidad al estar prácticamente ausentes de las políticas públicas. Para ello el Gobierno debe identificar las necesidades de dichos grupos y apoyarse en las ayudas de la cooperación internacional para conseguir que las medidas de prevención lleguen a toda la población.